Por.
Roberto Fermín Bertossi[1]
En oportunidad de la institucionalización
y creación legislativa[2] del
Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP) se dispuso para la composición
de su directorio que un miembro del mismo sea designado a propuesta de las
asociaciones de usuarios.
El cometido y justificación del
Ersep es precisamente la regulación de todos los servicios públicos (agua
potable, energía eléctrica, transporte público y el control de las concesiones
de obra pública, incluidas las viales) que se presten en el
territorio provincial, quedando excluidos los de carácter nacional y los
municipales que no excedan el ámbito de un solo municipio o comuna.
Así, el Estado provincial ya no
desempeña la tarea de fiscalización en forma directa, sino que articuló un ente
descentralizado con carácter autárquico para que, como subestructura escindida
de la administración central, asuma la regulación y el control de los marcos
regulatorios respectivos, sin perjuicio de las sanciones correspondientes.
De este modo y –como veremos- con el propósito esencial de amparar a los
usuarios, se fueron instrumentando estos entes y agencias reguladoras en todo
el país.
Pues bien, respecto del ERSeP en
general como del miembro que representa a los usuarios en particular está claro
que no deben asumir un rol neutral, imparcial y prescindente en todo lo que
concierne a cada usuario provincial. Todo lo contrario. Su protagonismo debe sobresalir amparando oportuna y
satisfactoriamente a los usuarios en sus derechos respecto de los servicios públicos
provinciales regulados, (arts. 4 inc. a), 15 y cc. Carta del Ciudadano - Ley
8835).
Veremos también que esta afirmación no implica discriminaciones,
privilegios, injusticias ni nada de eso.
¿Porqué?
Sencillamente porque la posición de los usuarios en general, carece de
simetría e igualdad con relación a un empresario o Estado prestador monopólico.
En efecto, la disposición y el poder de negociación del usuario común no se
encuentran ni remotamente en paridad con el de estos prestadores que se
comprometieron a suministrar servicios públicos esenciales confiables, en
condiciones de calidad, eficiencia y con tarifas justas y razonables; en suma, un
compromiso para con cada usuario que goza de máxima alcurnia constitucional.
Concretamente entonces y, respecto del miembro del Ersep que gestiona y
regula en representación de los usuarios, bueno y oportuno será
conocer:
1) ¿El mismo es parte y juez de las cuestiones
comprendidas en las funciones propias del Ersep?
2) ¿Su función específica no es incompatible
con su cargo en el Directorio?
3) ¿No resultará más regulatoriamente útil y apropiado
que un representante genuino y auténtico de los usuarios cordobeses munido de
trayectoria, legitimidad y pertinacia, participe
e impulse concejos consultivos, comisiones asesoras y audiencias públicas
vinculantes para una mejor y más autónoma e independiente defensa regulatoria de
los derechos, intereses y calidad de vida de cada uno de sus representados?
4) ¿A propósito, cual es y cual debe ser su
legitimidad y experticia[3] para ocupar ese sillón
en el directorio del ente provincial?
5) ¿Cómo fueron sus votaciones en las reuniones
del directorio, en las resoluciones generales, particulares y órdenes de
servicio?
6) ¿Cuándo y porqué las aprobó o se abstuvo; cuando votó en
contra?
7) ¿Sus votaciones resultan más funcionales a
los intereses empresarios monopólicos o al de los usuarios-personas-ciudadanos-contribuyente?
8) ¿Ante infinidad de irregularidades en la
prestación de los servicios públicos esenciales Vg., de agua potable y energía eléctrica
(cortes
no programados ni comunicados, ausencia de calidad, eficiencia y confiabilidad;
artefactos dañados, sobrefacturaciones, etc.) cuales fueron sus
gestiones pro-usuario, votaciones y acciones administrativas y/o judiciales
consecuentes?
9) ¿Acaso procede esgrimir la `acción de clase´
contemplada en el articulo 43 de nuestra Constitución Nacional?
10) ¿Cuál fue su eficacia, gestión y diligencia
en defensa de los usuarios cooperativos provinciales?
11) ¿Cuál fue su eficiencia para la mejor
eficacia de la tasa regulatoria a cargo de los usuarios; paradójicamente y
conforme al articulo 31 inc. a) de la Ley 8835,
el primer recurso financiero legal del Ersep?
12) ¿Podrían verificarse incompatibilidades,
irresponsabilidades, omisiones inexcusables, cooptación, alineamiento o
dependencias inaceptables en el cumplimiento de sus deberes y funciones en
general y, en particular, respecto: I) Del control de inversiones a
cargo de los prestadores; II) De la
seguridad, rigor científico, prontitud y supervisión de planes y programas de
contingencias; III) De la previsión y precaución atingentes a elementales tendencias demográficas y ecológicas,
respectivamente, IV) Del pronto pago de las indemnizaciones correspondientes a
todos los usuarios damnificados; V) Etc.?
Finalmente,
cada usuario cordobés, ya debe saber y anhelar en categoría de certeza quién y
cómo debe defenderlo, representándolo cabalmente en cuanto tal; afrontando
solvente y ecuánimemente todas y cada una de las instancias apropiadas para los
legítimos reclamos de todos los usuarios en todo el territorio de la provincia,
singularmente, en su interior del interior.
Arts. 21 y
siguientes / Marzo de 2000
formulados por el
Dr. Jorge E. Barbará
Anuarios del Centro
de Investigaciones
Jurídicas y
Sociales; Nros. XII al XV
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