El Juzgado de Control de San Francisco convalidó la decisión
de las autoridades de Porteña de clausurar un local donde se jugaba por dinero
en carreras hípicas.
El Juzgado de Control de San Francisco emitió un fallo que
convalida la potestad que tienen los municipios de legislar sobre el
funcionamiento de casas de apuestas hípicas.
La resolución judicial está vinculada a un caso ocurrido en
la localidad de Porteña donde se clausuró un bar que no estaba habilitado para
recibir dinero en carreras de caballos.
Como consecuencia de esta violación a la legislación
vigente, se impuso al propietario una pena de arresto por 10 días, de
cumplimiento efectivo.
Ante la apelación de ese fallo, el juez de Control,
Guillermo Rabino, dispuso revocar parcialmente la medida, transformando la pena
de cumplimiento efectivo en condicional al tratarse del primer hecho endilgado
al propietario del local donde se tomaban las apuestas.
Pero, según indicó el magistrado a La Mañana, la ordenanza
que establece la prohibición de la instalación de agencias de apuestas hípicas
en la jurisdicción municipal de Porteña tiene plena legalidad e incluso sirvió
para fundamentar la resolución que emitió en este caso.
A mediados de 2010, el Concejo Deliberante de Porteña
aprobó, con el voto unánime de todos sus integrantes, una ordenanza que
prohibió la instalación de agencias de apuestas hípicas dentro del ejido
municipal.
La medida trató de cerrar un vacío legal existente, referido
a la posibilidad de la instalación de casas donde se televisan competencias
hípicas y se puede apostar.
Como el Estado provincial no podía intervenir en estas
cuestiones, el municipio se vio obligado a tomar la determinación de regular la
cuestión. Vale apuntar que anteriormente en Porteña se había cerrado la
posibilidad de autorizar la instalación de tragamonedas.
Además, la ordenanza surgió ante la creciente preocupación
de las autoridades y fuerzas vivas de la localidad por el impacto negativo que
tiene sobre las personas la afición al juego, fenómeno que se estaría
trasladando con efectos perjudiciales a la economía local.
Al momento de aprobarse la ordenanza, había un pedido formal
para la instalación de una agencia hípica, pero las autoridades quisieron dejar
el precedente de que no estaban de acuerdo en seguir generando estos espacios,
al considerar que no se trata de una actividad relevante porque no cumple una
función social. Más allá de esta circunstancia, el juez Rabino remarcó que en
este caso, la actividad que se desarrollaba en ese bar no contaba con ninguna
autorización de las entidades que regulan la actividad hípica en el país.
Para la Municipalidad de Porteña, el local en cuestión
estaba habilitado como bar, pero las actividades vinculadas a las apuestas en
carreras de caballos no se realizaban dentro del marco regulatorio de esa
actividad, por lo cual era procedente su clausura
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